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Durante la décima sesión ordinaria de la Càmara de Diputados de la provincia, la diputada Adriana Díaz realizó un homenaje por los 8 años de vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario.

En julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. El artículo 2 de la Ley 26.618 de Matrimonio Civil (conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario) establece que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Esta ley es el resultado de campañas amplias llevadas a cabo por las organizaciones LGBT, que van desde proyectos de leyes de unión civil a una serie de amparos y fallos judiciales.

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A partir de los años 90, varias organizaciones LGBT presentaron proyectos de ley de unión civil o matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación, pero sin éxito. En 2002, bajo presión de organizaciones como la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), la Legislatura de Buenos Aires promulgó una ley que estableció uniones civiles para parejas del mismo sexo, convirtiéndose en la primera ciudad en América Latina en hacerlo. Esta ley garantizaba algunos de los derechos de un matrimonio, como incorporarse a la obra social o visitas hospitalarias, pero no incluía el derecho a la adopción o la herencia. Se aprobaron leyes parecidas en la provincia de Río Negro en 2003, y las ciudades de Villa Carlos Paz en 2007, y Río Cuarto y Villa María en 2009. Finalmente, en 2005 la CHA presentó una Ley de Unión Civil ante el Congreso de la Nación, la cual incluía el derecho a la adopción, pero la misma nunca llego a ser votada, tras lo cual la CHA empezó a concentrar esfuerzos en el matrimonio igualitario.

diputada Adriana

En 2009, la CHA y FALGBT (Federación Argentina LGBT), con el apoyo de otras organizaciones en diversas provincias, lanzaron una campaña nacional en pos del matrimonio igualitario, tanto en el Poder Legislativo como el Poder Judicial. En noviembre de ese año, en un caso presentado por una pareja igualitaria, una jueza de la Ciudad de Buenos Aires falló que la incapacidad de conseguir un matrimonio igualitario era inconstitucional. Sin embargo, otra jueza declaró nulo este fallo. Finalmente, la pareja participó en el primer matrimonio del mismo sexo en la Argentina a finales de diciembre en Ushuaia cuando la gobernadora admitió la sentencia original. Mientras tanto, la FALGBT había lanzado una campaña de cientos de recursos de amparo por todo el país, empezando en las ciudades de Córdoba y Villa María. Aunque el amparo eventualmente fue rechazado en Córdoba, ocurrieron ocho matrimonios más antes de la aprobación de la ley nacional el 15 de julio de 2010.

Los proyectos avanzaron y hacia mayo de 2010, la Cámara de Diputados aprobó una combinación de dos leyes propuestas para modificar el Código Civil a fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Posteriormente, el Senado aprobó la Ley 26.618, pese a esos grupos de presión, que intimidaban a aquellos senadores y propinaban conceptos erróneos sobre lo que implicaba este derecho civil, llegando a comparar un matrimonio igualitario con casarse con un animal.

Fuimos testigos de los discursos apocalípticos, hegemónicos y heteronormativos que derivaban en predicciones tales como se que se perdería la familia, la existencia humana.
Allí la entonces Senadora Nacional y actual Gobernadora de nuestra provincia expreso: “Quiero hacer un reconocimiento especial a los grupos que salieron a poner la cara y el pecho a defender un derecho que no les debe ser cercenado. En especial a los de mi provincia, netamente católica, donde la marginación, el ocultamiento, la negación hacia grupos de gay y lesbianas es tremendo”.

“Acá se dijo que algunos están votando en contra de sus convicciones y yo creo que eso no es así, creo que todos estamos poniendo sobre la mesa nuestras más profundas convicciones y que creo que por ello debemos ser todos respetados”.

“No estamos regulando sobre un principio religioso, materia que por supuesto no corresponde a este congreso, queda en la conciencia y en la elección religiosa de cada uno, hoy solo extendemos el derecho al matrimonio civil para aquellas personas que quieran hacerlo independientemente de su orientación sexual e identidad de género”.

Parafraseando, seguro que esto no será un tema prioritario para una persona heterosexual que puede acceder a este derecho pero para esos grupos LGBT, sí que es prioritario.
Al respecto, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 1º de agosto de 2015, establece:
Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.

De esta manera, deja claro que todos los derechos y obligaciones que deriven de la unión marital aplican para todas las uniones, sin importar su orientación sexual o composición.

Hoy hace ocho años de aquella sanción histórica, una de muchas que se fueron suscitando a lo largo de doce años que no hicieron otra cosa que ampliar derechos sobre todo para personas que fueron históricamente sujetas a la marginalidad y a la discriminación.

En nuestro país hasta el momento son 22.000 los matrimonios igualitarios, en Catamarca 66 familias diversas que entre todos marcaron un hito de quiebre estructural de aquella familia tipo y hoy podemos hablar de tipos de familias.


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