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El caso es de la justicia de la provincia de Córdoba. No permite el encuentro entre el niño y su padre, y deberá pagar la multa por el tiempo que duró esa medida.

Una mujer cordobesa deberá pagar un JUS –arancel de la justicia que en marzo de 2018 estaba en 677,93 pesos– por cada día que no le permitió al padre de su hijo ver al niño de ambos luego de un fallo de la Cámara Primera de Tribunales de Familia.El pequeño tiene 2 años, y está próximo a cumplir 3.

Tenemos un acuerdo firmado por las partes y homologado por una jueza desde hace un año y medio en el cual la progenitora incumple sucesivamente el contacto con el padre no conviviente, no se lo da, no le permite verlo”, explicó la abogada Claudia Maldonado.

Según la letrada pudieron acreditar con exposiciones y policía que en 10 oportunidades el hombre fue a ejercer su derecho de ver a su hijo y no se lo permitieron, y la multa por esas jornadas es lo que deberá pagar la mujer, más las costas del proceso.

“Nosotros venimos luchando por el régimen de visita, que ahora se llama sistema comunicacional, desde hace 2 años y medio. En ese tiempo han sido muy pocas las veces que el papa pudo verlo al nene. En septiembre de 2016 se firmó el acuerdo de las visitas y se lo incumple sistemáticamente e incluso mi defendido y toda su familia ha sido denunciada por violencia familiar para que no quede una persona que pueda buscar al niño”, agregó.

La letrada además aclaró que si se sigue incumpliendo con las visitas van a pedir el cambio de guarda en favor del padre.

Fuentes judiciales informaron que este tipo de medidas son más comunes de lo que se imagina y que se denominan astreinte –sancione en dinero contra el deudor que demora el acatamiento de una orden judicial– y que suele ser un motivo de disuasión muy efectivo contra el incumplimiento.

Los argumentos del padre

“No me sirven los $ 670, lo que quiero es ver a mi hijo”

El padre, que recibirá dinero cada vez que la madre de su hijo no cumpla con las visitas, sigue sin ver al niño. Critica la “desprotección que tienen el padre o la madre” a los que se les niega la comunicación con sus hijos.

Gabriel recibió el 20 de marzo una noticia que creía iba a ser trascendental para su objetivo de volver a ver a su hijo.

La Cámara de Familia de primera nominación confirmó que su expareja debía pagarle por cada día acreditado en que le había impedido ver a su hijo la suma de un jus ($ 670), por lo que esperaba que esa resolución hiciera que la madre de su hijo depusiera su actitud y pudiera, así, volver a ver al pequeño.

Sin embargo, los días pasaron y Gabriel siguió tachando casilleros en su calendario.


“Hace 70 días que no lo veo. Durante enero lo hice después de denunciar que ella impedía el contacto y a través del Etic (Equipo Técnico de Intervención en regímenes Comunicacionales) pude tener dos encuentros por semana, pero en febrero volvió a negarse”, expresó Gabriel a La Voz (Diario cordobés).
El niño nació en octubre de 2015, y pasó junto a sus padres los primeros seis meses de vida, cuando la pareja se separó y comenzaron a pelear por un régimen de visitas que, según el fallo de la Justicia, la madre se niega a cumplir.

“Tuvimos una separación conflictiva y, a partir de ese momento, se cerraron todas las puertas para que yo pudiera ver a mi hijo. Esto es dolorosísimo. Ir a buscar a tu hijo y volver solo, o ver que se acerca el auto de tus viejos que fueron a buscarlo y adentro vienen ellos solos”, agregó.

En el fallo de marzo, la asesora de familia Myriam M. Rebuffo, a cargo de la Asesoría de Familia de Quinto Turno, señaló que “de las constancias obradas, surge que la progenitora obstaculizó el derecho a la coparentalidad del niño”.

Un padre de Tribunales

En septiembre de 2016, a instancias de la Justicia, ambos padres pactaron un sistema de comunicación. Durante un mes, se cumplió hasta que llegó el cumpleaños del niño, a fines de octubre.

Gabriel no pudo festejar con su hijo. “Tenía que tenerlo el domingo, día en que íbamos a festejar con mi familia. Cuando fui a buscarlo, me estaba esperando con la policía, que me llevó detenido porque me había hecho una denuncia y estaba violando una orden de restricción que nunca me habían notificado”.

Al no poder retirar a su hijo, ya que la orden le impedía estar cerca de la madre, se dispuso que los familiares lo retiraran.

Madre, padre, hermano, cuñada y primos fueron también denunciados, según se desprende del expediente.

“Entiendo que la situación de violencia contra las mujeres es muy grave, pero en casos como el mío, el hombre está muy desamparado. A mí me pusieron más de 10 falsas denuncia por violencia que nunca se acreditaron. Estoy de acuerdo con que se investigue y se tomen las medidas preventivas, pero si vos verificás que sistemáticamente se hacen denuncias falsas, algo debería ocurrir en su contra”, dice.

Con toda la familia denunciada, se transformó en un “padre de tribunales”, ya que al no cumplir el régimen comunicacional, decidió denunciar a la madre por impedimento de contacto con el padre no conviviente.

Eso provoca audiencias rápidas para restablecer el contacto, aunque permite encuentros acotados en un ambiente que no es óptimo para la relación: el Palacio de Justicia.

Una de estas denuncias se realizó en la fiscalía de distrito 1, turno 2, a cargo de Guillermo González, quien, si bien no se expresó acerca del hecho en particular, sostuvo que “estos casos son complejos porque la solución depende mucho más de la voluntad de los adultos de sostener los conflictos en el tiempo, que por las herramientas con las que puedan contar las instituciones para resolver las situaciones de fondo”.

Si bien la denuncia obliga a restablecer el contacto inmediatamente, no soluciona el problema en sí, por lo que las visitas se siguieron dando sólo con la reiteración de denuncias.

“Durante 2017, lo vi menos de 10 veces y hasta octubre siempre por denuncias que hacía yo por obstrucción, siempre que lo vi, fue en Tribunales”, añadió Gabriel.

El 7 de noviembre, Tribunales de Familia emitió una resolución que estableció que no surge causa corroborada para impedir el contacto con el progenitor, por lo que se hizo un “severo llamado de atención” a la madre para que depusiera su actitud “bajo apercibimiento de estimar su conducta pasible de disponer el cambio de cuidado personal” del niño.

Por poco tiempo, pudo ver a su hijo; luego, las visitas fueron nuevamente restringidas, pasó la confirmación de las astreintes –sanción en dinero contra el incumplidor– y hoy tienen una nueva audiencia.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar


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